Estados y federación, reprobados en licitaciones

 

Los gobiernos estatales en México realizan sus compras utilizando sistemas legales que distan, en su gran mayoría, de las “buenas prácticas” en términos de competencia.

El estudio fue realizado por el Instituto Mexicano de la Competencia (IMCO) “Competencia en las compras públicas: Evaluación de la calidad de la normatividad estatal en México.

La calificación promedio global de los 32 estados y la federación es de 46.5 de 100 puntos posibles, lo que indica que existe un amplio espacio para reformar y mejorar las leyes de adquisiciones de todas las entidades.

La etapa de la licitación pública que obtuvo el promedio más alto es la de la poslicitación con 59.4 puntos; en segundo lugar está el proceso de prelicitación con 46.8 puntos, y por último la etapa de licitación con 41.8 puntos.

Uno de los principales hallazgos de la investigación es que existe una amplia variación en la calidad de la normatividad entre una entidad y otra.

Según los resultados de la “Evaluación”, la legislación de adquisiciones y arrendamiento de bienes y servicios de Sinaloa obtuvo la calificación más alta (61.0%) y la de Guerrero la más baja (23.2%). La diferencia entre las calificaciones de la mejor y la peor legislación estatal es de 37.8%.

Si todos los estados forman parte de la misma federación y están obligados por ley a proveer los mismos servicios públicos a los ciudadanos, ¿por qué existe tanta variación en la calidad de las leyes de adquisiciones?

El problema no es que las 32 legislaciones estatales sean distintas entre sí, ya que bajo un sistema federal como el mexicano, cada entidad tiene el derecho a crear leyes que se adecuen a sus particularidades.

Sin embargo, el objetivo de cualquier ley de adquisiciones debería ser el mismo: asegurar que el proceso de adquisición de bienes y servicios y obras sea eficiente.

Mientras todas las legislaciones estatales cumplan con una serie de normas básicas que favorezcan la competencia y reduzcan el espacio a la discrecionalidad de las autoridades, es probable que ese objetivo común se logre.

A nivel federal, los resultados de la evaluación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos (reformada por última vez en 2009) señalan que en México ha habido avances importantes en la adopción de prácticas que fomentan la competencia en los procesos de compra.

En la “Evaluación” la Ley Federal obtuvo la calificación más alta (70.7%). Sin embargo, aún hay espacio para que mejore, especialmente en términos de la reducción de las barreras a potenciales proveedores del extranjero y en la regulación de procedimientos que pueden disuadir las prácticas colusivas. Por ejemplo, la Ley Federal no obliga a que los proveedores anuncien con anticipación si van a subcontratar a otra empresa, lo que puede generar colusión porque dos licitadores podrían acordar que uno de ellos se retira de la licitación pública a cambio de que el ganador lo subcontrate.

(Mexican Business Web)

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