México, país en vilo

Nunca en tiempos recientes, el país había estado tan agitado y sumido en la incertidumbre. Los hechos de todo orden: políticos, delincuenciales, económicos y tragedias que envuelven al gobierno y aumentan la suspicacia, son temas cotidianos.

Tal vez lo más inquietante es el baño de sangre que se ha registrado en el último lustro, resultante de la llamada “guerra” y luego “lucha” contra el crimen organizado.

Cincuenta mil muertos, varios cientos de ellos víctimas inocentes (“colaterales”), es el saldo de una cruzada en la que el actual gobierno reitera que no habrá tregua ni cambio de esquema: “para atrás, ni para agarrar vuelo”, ha expresado enfático el presidente Felipe Calderón.

En ese entorno, también se han registrado violaciones a los derechos humanos, como lo han documentado organismos internacionales, cuyas normas e informes México se ha comprometido a respetar.

Pero más allá de este tipo de asuntos que han dado lugar al debate, están los hechos y éstos muestran a un país militarizado, con zonas donde prevalece la inseguridad extrema y una violencia cotidiana que mantiene en zozobra a amplios segmentos de la población.

Desde hace tiempo, en el norte del país, los más pudientes y algunos no tanto optaron por salir de México huyendo de la inseguridad para asentarse en el sur de Estados Unidos.

Los informes oficiales hablan cotidianamente de las detenciones de poderosos jefes y operadores del narcotráfico, así como de más de 60 mil delincuentes involucrados con el crimen organizado.

También subrayan el decomiso -aseguramiento- de decenas de miles de armas, las cuales, dicen, serían suficientes para abastecer a un ejército regular de cualquier país centroamericano.

Sin embargo, pese a esas capturas altamente publicitadas, los decomisos de armamento y la quema de toneladas de droga, la acción del crimen organizado se multiplica y se extiende a prácticamente todo el país.

Al tráfico de drogas se han agregado ilícitos como el secuestro, la extorsión, el llamado “pago de piso” y actos considerados como “terroristas” como el incendio provocado en el ya tristemente célebre Casino Royale de Monterrey, Nuevo León, donde murieron medio centenar de personas.

Lo peor del caso es que en la mayor parte de estos acontecimientos aparece una característica, que ya es sello de la procuración e impartición de justicia en México: el de la impunidad.

El auténtico desfile de titulares de la Procuraduría General de la República y las reiteradas denuncias y “purgas” contra elementos policiacos, que no superan las pruebas de confianza, corroboran lo que es una verdad incontrastable: una buena parte de las fuerzas del orden son parte o protegen a los criminales.

Por la PGR han pasado y salido con cuestionamientos diversos el ahora embajador en la Gran Bretaña, Eduardo Medina Mora; el exprocurador de Chihuahua, muy criticado por su actuación en el asunto de las “muertas de Juárez”, Arturo Chávez y Chávez, y un sinnúmero de mandos medios y altos que no han podido librar las “purgas” que se han dado en esa institución.

En estos años y como parte de la cruzada contra el crimen organizado, también se han hecho traslúcidos los desacuerdos y falta de coordinación entre diversas corporaciones responsables de llevarla a cabo.

Los más notorios han sido los registrados entre la Secretaría de Seguridad Pública y su titular, Genaro García Luna, con los exprocuradores Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez y Chávez.

Estos desacuerdos han alcanzado también al Ejército y la Marina, que reservan su actuación conforme a sus códigos respectivos, en buena medida, porque desconfían de los mandos civiles en el llamado gabinete de seguridad nacional.

La consecuencia de ello es que sea el presidente Felipe Calderón quien por voluntad propia, pero también obligado por las circunstancias, asuma la responsabilidad completa de la estrategia y los resultados de la llamada lucha contra el crimen organizado.

“Nadie puede decir que nado de muertito”, expresó en días recientes el jefe del Poder Ejecutivo, como una forma de insistir en la actitud irresponsable en la lucha contra la delincuencia adoptada por gobiernos pasados, en clara referencia a los priistas, pero sin excluir al de su antecesor, el también panista Vicente Fox.

Pero los hechos no favorecen este discurso, sobre todo porque es claro que el crimen organizado recluta a gran parte de sus sicarios entre las legiones de desempleados que pululan por todo el país y a los que la economía los tiene excluidos de oportunidades de trabajo o estudio.

De ahí que ante hechos tan lamentables como la muerte del más reciente secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, surja de inmediato la sospecha en torno a las causas del presunto accidente en que perdió la vida el citado funcionario y la media docena de sus acompañantes, entre los que figuraban varios militares.

Un episodio similar se produjo, hace poco más de tres años, con el segundo titular de Gobernación en el actual sexenio, Juan Camilo Mouriño, quien también murió de manera trágica en un accidente aéreo.

Pero al margen de estos trágicos episodios, no del todo aclarados, o por lo menos envueltos en la suspicacia, la Secretaría de Gobernación, lo mismo que la PGR, ha sido a lo largo del sexenio una instancia inestable y que ahora, con la muerte de Blake, tendrá un quinto titular en el mismo número de años.

Además de los dos fallecidos en trágicas circunstancias, pasaron y salieron por desacuerdos o inconformidad de Calderón con sus gestiones: el exgobernador de Jalisco Francisco Ramírez Acuña, y casi en el escándalo Fernando Gómez Mont.

Todo esto, más los enfrentamientos verbales recurrentes de Calderón con la oposición, particularmente con el PRI, ha generado un clima de confusión e inestabilidad que trasciende lo político y alcanza a la población en general.

La incertidumbre es casi generalizada, el país está en vilo en espera de que algo se derrumbe o se sostenga, o bien que se produzca un cambio que no se ve con claridad.

Por si algo faltara, está otro episodio que enrarecerá más el ya viciado ambiente: la elección en el estado de Michoacán, en que los tres candidatos a la gubernatura -entre ellos Luisa María Calderón, hermana del presidente de la República-, se declaran ganadores, lo que sin duda derivará en un clima de mayor confrontación y podría ser que hasta de parálisis en el país. Mal augurio para los comicios presidenciales del año próximo.

Por Alejandro Ramos Esquivel

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