Estrategias y políticas para el sector energético

El crecimiento del sector de las energías renovables en México, según expertos, académicos e industriales, depende en los próximos años de la capacidad para establecer objetivos a corto y mediano plazo que proporcionen a los inversionistas, nacionales y extranjeros, una visión clara y segura para desarrollar proyectos.

En su opinión, el sector energético requiere establecer puntualmente las metas y las acciones por periodos determinados para la transición del uso de combustibles fósiles a combustibles de fuentes alternas y limpias que permitan reducir los niveles de emisión de CO2 al 30%, como se ha comprometido el país ante instancias internacionales, y cumplir con el objetivo de incrementar en 35% la capacidad de generación de energías limpias para el 2024.

Las cifras ya son conocidas, el país genera el 80% de su energía con recursos fósiles, un 17% con recursos renovables e hidroeléctricos y un 3% con centrales nucleares. De acuerdo con la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), se espera para el 2024 reducir la participación de la generación eléctrica con combustibles fósiles a 65% y alcanza el 35% en la producción de energías limpias.

Esta proyección implica un trabajo persistente y la inclusión de diversos agentes, tanto del sector público como del privado. Sin embargo, el grupo de expertos integrados en Iniciativa Mexicana para las Energías Renovables (IMERE) considera que es posible impulsar la generación de energías limpias a través de una estrategia ambiciosa que propiciaría un mayor interés de inversionistas y traería ventajas económicas, sociales y medioambientales.

La cuestión, dicen en el “Plan integral para el desarrollo de las energías renovables en México 2013-2018” es que las expectativas oficiales dejan el mayor crecimiento de las energías limpias para el periodo del 2020-2024, lo que pone en riesgo el cumplimiento de las metas, así que proponen desarrollar acciones específicas para el impulso definitivo al sector energético renovable del país.

El momento de la intervención de los expertos del IMERE es propicio porque, además de la esperada iniciativa de reforma energética que se ha pospuesto entregar al Congreso de la Unión para el segundo periodo de sesiones, el Ejecutivo envió el pasado 27 de febrero (casi al concluir el plazo legal) al Congreso la Estrategia Nacional de Energía (ENE) 2013-2027, que previamente aprobó el Consejo Nacional de Energía y que deberá ser ratificado por los legisladores.

La historia de esta estrategia, cuya planificación se proyecta a un plazo de 15 años y que por ley el gobierno federal debe entregar cada año al Congreso, es promisoria porque fue consultada con especialistas académicos, empresarios y legisladores, pero tenía un antecedente negativo porque los legisladores sólo aprobaron la ENE el primer año que se presentó, en 2010, y los siguientes dos años dejaron los documentos en la congeladora. Así que en el caso de los energéticos, la política y la estrategia tuvieron una separación temporal, por no hablar de divorcio.

La Secretaría de Energía anunció en la tercera semana de febrero que tenían lista para su entrega al legislativo, la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 que plantea atender la demanda creciente de energía de forma eficiente, segura y sustentable, e incluye las políticas que permitan alcanzar los objetivos ante un aumento de la demanda, ya que se estima que el crecimiento poblacional anual rebasa el millón de habitantes por año.

El destino de la primera ENE que entregó la administración federal amenazaba con enfrentar obstáculos en el Congreso, prueba de ello fue la protesta de legisladores de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en el Senado al afirmar que no se les convocó para elaborar este plan que determina las acciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los próximos 15 años.

Para el grupo de especialistas del IMERE la forma clara de enviar un mensaje de confianza a los inversionistas y al público en general, es que la actual administración federal establezca los objetivos y acciones anuales por cada tecnología de las energías limpias y renovables, que definan metas de participación de los agentes privados con crecimiento gradual y aprovechando su capacidad competitiva.

Señalan que con una estrategia audaz es posible que en el 2018, a mitad de la primera meta del 2024 para la reducción de combustibles fósiles, aprovechando mejor sus recursos renovables y con apoyo internacional, México consiga el 35% de su energía de fuentes limpias, aumentar en un 3,5% su Producto Interno Bruto (PIB), llegar con estos recursos renovables hasta 29.250 MW y mitigar en 30 millones de toneladas el CO2.

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