La reforma eléctrica dará certidumbre a los privados

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El bullicio creado en torno de la reforma energética que implicaría cambios a la Constitución por lo que toca al petróleo, que genera un discurso encendido y posiciones encontradas por la apertura al capital privado, que para muchos se traduce en la privatización del sector, han centrado la atención en Petróleos Mexicanos y la industria de los hidrocarburos, y poco se atiende a la electricidad, por cierto, no menos importante.

La iniciativa de reforma energética que presentó el Ejecutivo federal al Senado de la República señala el rumbo de las propuestas en materia de electricidad y asegura que los costos de producción de energía disminuirán para restaurar la salud financiera de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

También plantea que se alcanzará una cobertura universal de electricidad, a pesar de que por décadas eso no ha sido posible y lo que más ha llamado la atención es que garantizará que las tarifas eléctricas disminuirán, lo cual me parece una promesa temeraria, considerando que el hecho de que la CFE deje de ser monopolio y que exista competencia no es garantía de que las tarifas caigan.

Las tarifas de electricidad comercial e industrial en México son, en promedio, 25% más altas que las de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.

Debo aclarar que la iniciativa eléctrica que propuso el presidente Enrique Peña Nieto sólo reconoce en la Constitución lo que en la práctica ya existe desde 1992, cuando se reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y se permitió a privados participar en la generación y comercialización de electricidad bajo 5 esquemas de permisos.

Dichos permisos son los de productores independientes de energía (PIE), mediante los cuales compañías privadas generan electricidad y se la venden directamente a CFE; los permisos de autoabastecimiento por medio de los cuales los consorcios participan en proyectos de generación y autoconsumo de energía (aunque en realidad se ha convertido en un mercado paralelo a la CFE); así como los permisos de cogeneración, importación y exportación de electricidad.

Datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) muestran que en 2012 la CFE atendió 40.7% de la demanda de electricidad en el país. A los PIE les correspondió 14%; a los permisionarios de autoabastecimiento, 5%; a los cogeneradores, 3%, y el resto del abastecimiento estuvo a cargo de importadores, exportadores y generadores para usos propios continuos (UPC).

Ahora la propuesta de reforma energética del gobierno federal pretende sustentar el desarrollo del sector eléctrico en la participación conjunta de la CFE y particulares, mediante contratos, en vista de que la paraestatal no tiene la capacidad para generar la energía que se requiere; y considera que, como la electricidad no es un recurso natural, el interés del Estado se centra en que esa energía, dice, “llegue a mejores precios a las familias mexicanas e impulse la competitividad del país”.

Actualmente, dice el texto de la iniciativa, México cuenta con una capacidad efectiva de 63 gigawatts. De dicha capacidad, cerca de 64% es operada por la CFE y el 36% restante por terceros bajo los esquemas de PIE, autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, exportación y usos propios.

En la apertura del sector al capital privado, -que mediante la reforma al artículo 127 constitucional permitiría a la CFE realizar contratos con particulares-, se busca crear un sistema eléctrico nacional, basado en principios técnicos y económicos, que permita a los empresarios construir y operar plantas de generación, al igual que líneas de transmisión y distribución. Esa sería la novedad, de aprobarse la reforma.

Según la iniciativa, con las reformas se fortalecería a la CFE y se mantendría la rectoría del Estado para regular el desarrollo del sector e imponer a los participantes obligaciones de interconexión, tarifas, servicio universal y electrificación; además se sientan las bases para que la legislación secundaria dé paso a un modelo eficiente de desarrollo de las centrales eléctricas de generación, de la red nacional de transmisión y de las redes generales de distribución, “que responda a las necesidades de todos los participantes, públicos y privados, y atienda los intereses fundamentales de los usuarios”.

De acuerdo con la CRE, se cuenta hasta ahora con 692 autorizaciones de generación eléctrica para particulares; de ellos, 482 corresponden a permisos de autoabastecimiento; 78, a la cogeneración; 39, a la modalidad de importador; 39, a usos propios continuos; 29, a los PIE; 18, a pequeños productores, y 7, a exportadores de electricidad.

La cuestión ahora es que los industriales del sector, tanto nacionales como extranjeros, esperan que se les otorgue suficiente certeza jurídica y que el negocio resulte atractivo para su inversión, y en este sentido, por medio de los organismos cúpula y de las empresas que ya participan en el sector, se han pronunciado por que se les permita generar y vender electricidad y, en particular, que la comercialización de la energía eléctrica se pueda realizar entre particulares.

La Secretaría de Energía (Sener) ha señalado que los inversionistas podrán participar en la comercialización de la electricidad por medio de contratos o subastas, en los que grandes usuarios podrían comprar el servicio al generador que ofreciera la tarifa más baja.

Para los industriales, la reforma energética podría ampliar las expectativas de negocio, tanto para las empresas que ya se enfocan a este rubro como las que producen su propia energía y quieran vender el excedente que generen, gracias a la apertura de la competencia que existirá ante una eventual apertura del mercado. Esos, digamos, son los términos en los que podría ser atractivo para ellos invertir para competir con la CFE en el mercado.

Hay ejemplos, sin embargo, que aun teniendo los permisos y la apertura para la inversión por parte de los particulares -como en el caso de los gasoductos- que las empresas consideran poco atractivo para su inversión y que no responden a la convocatoria para participar en el negocio.

En esos términos se ubica el reto de la actual reforma: que por un lado proteja y resguarde la rectoría del Estado en el sector y, por otro, atraiga lo suficiente a la inversión privada para participar de manera más activa y profunda en la industria eléctrica, sin que eso signifique necesariamente un servicio más barato, como insiste el jefe del Ejecutivo federal en su campaña en favor de la reforma.

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