Contratos de producción compartida para PEMEX. Así funcionan

Las negociaciones para la reforma energética podrían reanudarse esta semana. 

 

Ciudad de México- La polémica reforma energética debatida tiempo atrás por los modelos de explotación por medio de la obtención de licencias, podría resultar en un otorgamiento menos transparente e incurrir en la corrupción.

 

Monserrat Ramiro directora de proyectos de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), declaró que en el mundo son mínimos los contratos de producción compartida y aún menos los de utilidad compartida.

 

El Observatorio Económico de BBVA Research predice que una reforma energética que incluya contratos de producción compartida permitirá al Gobierno contar con 22,000 a 30,000 millones de dólares de ingresos adicionales en el periodo comprendido de 2015-2018.

 

Los costos de inversión serían absorbidos únicamente por las empresas petroleras privadas.

 

Los ingresos adicionales representarían un 23% del valor de la producción petrolera de 2012, así mismo anuncian que si se opta por este modelo, en 2015 la producción ascendería a 200,000 barriles diarios, 300 mil en 2016, 400 mil en 2017 y medio millón para el 2018.

 

Miguel Toro, experto en temas energéticos del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) recomendó que la reforma energética permita que la legislación secundaria detalle el tipo de contratos que se puedan firmar con los privados.

 

La reforma que pudiera arrancar nuevamente conversaciones, plantea una iniciativa en la cual México espera repuntar su producción hasta 3 millones de barriles de crudo diario en promedio hacia el 2018.

 

De esta forma el gobierno percibirá 22,156 millones de dólares tomando en cuenta un precio estable de 100 dólares por barril, y una repartición entre Gobierno y empresa, se estima también que se otorgue a las empresas un tercio de la extracción para recuperar sus costos de producción, así como un Impuesto sobre la Renta (ISR) del 30%.

 

El Ejecutivo propone cambios en los artículos 27 y 28, en los cuales permite la posibilidad de otorgar contratos de utilidad compartida, modelo donde el Gobierno vende crudo para repartirse en determinados porcentajes los ingresos con las empresas que lo extrajeron.

 

En los contratos de producción compartida lo que se reparte son los barriles de crudo, sobre los cuales se puede o no pagar una regalía, y cada parte los vende por su cuenta.

 

BBVA Research señala que la propuesta del Estado contempla la participación de la iniciativa privada a través de contratos de utilidad compartida, aunque podría aplicar otros contratos que resulten más atractivos para las compañías petroleras privadas.

 

Con información de medios.

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