Redes sociales se regulan en Tabasco

PGJ Tabasco busca regular redes sociales ante la problemática de rumores sobre tráfico de órganos y secuestro.

Villahermosa, 28 de enero.- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tabasco  pretende regular las redes sociales debido a los rumores difundidos en los últimos días sobre robo de menores y tráfico de órganos.

 

Aureola Rodríguez Cupil, subprocuradora de investigaciones de la PGJ estatal, asegura que luego de analizar y consultar con todos los sectores, se podría retomar y actualizar la Ley contra la Alarma Social, aprobada durante el gobierno del priista Andrés Granier Melo, para penalizar con cárcel a quien difunda “información falsa que provoque movilización, pánico y caos social”.

La funcionaria sostiene que la PGJ está muy interesada en tomar todo tipo de acciones para que la difusión de rumores en las redes sociales o vía mensajes telefónicos “se castiguen y sobre todo se prevengan”.

Rodríguez Cupil atribuye el origen de este nuevo intento por regular las redes a un audio falso difundido por WhatsApp, en el que una mujer habla del secuestro de dos niños y extracción de órganos.

“Probablemente sea el motivo para que se legisle y se hagan propuestas (…) El derecho es cambiante, la sociedad es cambiante (…)  Lo importante es que esto sirva de ejemplo, de golpe de timón, que tomemos conciencia y nosotros como sociedad poner un alto a este tipo de rumores”.

En agosto de 2011, el Congreso aprobó la Ley contra la Alarma Social que penaliza de 6 meses a 2 años de cárcel a quien difunda, vía telefónica o redes sociales, falsas alarmas que provocan pérdida de tiempo, dinero y esfuerzos.

Lo anterior ocurrió en respuesta a los rumores que vía telefónica, Twitter y Facebook se difundieron sobre supuestos grupos armados que atacarían centros escolares y ejecutarían a estudiantes en esta capital y varios municipios del estado. La difusión causó pánico entre padres de familia que acudieron por sus hijos para sacarlos de los planteles.

La ley fue y es rechazada por congresistas y líderes de la iniciativa privada locales, argumentando falta de recursos para controlar la situación y afectaciones a la libertad de expresión.

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