Contenido nacional sin ahuyentar capital extranjero en energía

 

Alrededor de las modificaciones a la legislación secundaria que pondrá en marcha a la reforma energética, existe una discusión sobre la inclusión obligatoria de empresas mexicanas al sector energético, es decir, una cuota de contenido nacional, y la posición contraria de evitar convertir la ley en una camisa de fuerza para la inversión extranjera que en lugar de alentar la entrada de capitales y empresas foráneas, las ahuyente.

 

La reforma constitucional en materia de energía aprobada a finales del año pasado,  se definirá  en detalle y concretará a partir de la modificación de las leyes secundarias, que implican cambios en materia de energía, así como de derecho agrario y minero. Ahí es donde se verán sus alcances reales.

 

La puerta a la inversión extranjera en el sector energético quedó abierta con las modificaciones constitucionales a los artículos 25,27 y 28, más los 21 transitorios que se aprobaron como parte de la reforma, pero falta que los legisladores aprueben los cambios a las leyes secundarias y para el efecto tienen un plazo no mayor de 6 meses (180 días), así que lo ideal sería que concluyeran el proceso de modificaciones en este periodo de sesiones que inició al empezar febrero y termina en abril. En total se habla del cambio a 29 leyes que podría ampliarse a 37.

 

Mientras el Congreso lleva a cabo el proceso para modificar las leyes secundarias, empresas consultoras ya trabajan con consorcios y empresas interesadas en las nuevas áreas y oportunidades de negocios que se abrirán a partir de la definición de los alcances de la reforma que estableció como uno de sus objetivos fomentar la participación y el desarrollo de empresas nacionales dentro del sector.

 

Expertos consideran que la reforma deja asentado que se establecerá un grado de contenido nacional con el cual forzosamente las empresas locales tendrán la posibilidad de participar en los proyectos, pero el porcentaje de ese contenido nacional se desconoce y ese es el factor que se determinará, entre otros, en las leyes secundarias.

 

Otro tema pendiente, es el de la Ley de Inversión Extranjera, que limita al capital foráneo a una participación de 49 por ciento en perforación de pozos petroleros y de gas; la duda hasta ahora es si la legislación que regula este tipo de inversión se queda como está o se modifica.

 

Organismos de la iniciativa privada han señalado que en tanto se delinean o redefinen  las leyes secundarias del sector energético, ya trabajan a nivel regional en la posibilidad de armar clusters con empresas nacionales que permitirían la participación de pequeños y medianos inversionistas en esta industria.

 

En materia de contenido nacional para el sector energético existe un antecedente con la reforma energética de 2008, la cual estableció las bases legales para fomentar la participación de empresas mexicanas y el contenido nacional en los procesos de licitación de Petróleos Mexicanos (Pemex).

 

A partir de entonces, Pemex realizó estudios internos para determinar en forma natural el contenido nacional en los productos y bienes que demanda y determinó un mínimo de contenido local de 39.6 por ciento en cada contrato. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros AC (AMESPAC), el 70 por ciento de los contratos pide ese mínimo de contenido nacional, pero en el resto no lo hace porque hay muchos concursos que se consideran de carácter internacional.

 

Según la AMESPAC, Pemex ha generalizado la forma de medir el contenido nacional mediante una fórmula de valor agregado muy sencilla que se determina por la facturación nacional; es decir, si en un proyecto un proveedor gasta 100 pesos y demuestra que 40 pesos los erogó en el territorio nacional, entonces el contenido nacional es de 40 por ciento. Pero eso sólo mide el contenido nacional a nivel económico.

 

La propuesta que desde hace algún tiempo ha planteado este organismo que aglutina a más de 40 compañías proveedoras de servicios en exploración, producción, refinación, procesamiento, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, es que se establezca y se evalúe el contenido nacional mediante una fórmula que integre variables como el talento nacional, la inversión física en México y el uso de propiedad industrial.

 

Este planteamiento también implicaría contabilizar el número de ingenieros nacionales que participan en los proyectos, medir la inversión física del proyecto, las patentes que tienen en el país, entre otros aspectos que a la luz de tratados internacionales podrían caer en prácticas proteccionistas y contravenir acuerdos.

 

Los legisladores tienen ante sí una ardua tarea para delimitar la reforma energética en lo que se refiere a contenido nacional, pero tienen también la experiencia de la paraestatal, para bien y para mal, porque ni las empresas locales han tenido todo el éxito para ser protagonistas en contenido nacional ni Pemex ha tenido toda la respuesta necesaria de la industria.

 

Diputados y senadores tienen suficiente material con que trabajar para hacer una propuesta de contenido nacional que acote a las trasnacionales extranjeras, sin ahuyentarlas, y que abra el camino a las inversiones y empresas locales para el desarrollo sostenido de la industria energética en México.

 

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