Caso Oceanografía: las aguas profundas de la corrupción

 

La inhabilitación en el sector público de la empresa Oceanografía, S. A. (OSA), contratista de Petróleos Mexicanos (PEMEX), llevó como bola de nieve al destape de un todavía presunto gran fraude bancario contra Banamex, filial mexicana de Citigroup, por alrededor de 400 millones de dólares, y siguió con el aseguramiento e intervención por parte del gobierno federal de las instalaciones y documentación de la compañía de servicios para la industria petrolera que se vislumbra ya como uno de los mayores casos de corrupción y manejo de influencias que se haya visto en México.

 

Si la capacidad de sorprendernos no se ha perdido en el país, éste será un caso escandaloso, no sólo por el engaño sistemático para obtener préstamos millonarios del banco contra créditos de corto plazo que ejerció la empresa contratista a través de la presentación de facturas alteradas del pago establecido en las estimaciones reales que acordaba con PEMEX Exploración y Producción (PEP), sino por los funcionarios públicos y ejecutivos involucrados. Claro, siempre y cuando las investigaciones se realicen con gran rigor y transparencia.

 

La empresa, cuyos orígenes datan de 1968, cuenta con unos 4, 500 trabajadores en sus instalaciones en la Sonda de Campeche, Ciudad de Carmen, Campeche; Dos Bocas y Villahermosa, Tabasco; así como en Coatzacoalcos, Veracruz. En su página de Internet, OSA ofrece servicios integrados en los campos petroleros costa afuera en el Golfo de México, de ingeniería geofísica marina, buceo de saturación, operación de vehículos sumergibles manejados a control remoto, mantenimiento a estructuras marinas y construcción de ductos submarinos.

 

Por lo pronto, el presunto fraude al banco se basa en préstamos tóxicos que la naviera y constructora marítima pedía a Banamex, presentando como garantía las cuentas por cobrar de los servicios prestados a PEP con facturas alteradas, que ascendían a un total de 580 millones de dólares, de los cuales sólo 185 millones de dólares eran pagos válidos respaldados en las estimaciones reales acordadas con la paraestatal; y los 400 millones de dólares restantes corresponderían a cargos fraudulentos.

 

Hasta donde las investigaciones de los propios medios de comunicación han llegado y por declaraciones de fuentes autorizadas algunas y de otras que han preferido el anonimato, este se perfila como un caso de corrupción, sí, pero de los sexenios encabezados por el partido opositor Acción Nacional (PAN);  y en el que funcionarios del hoy partido gobernante Revolucionario Institucional (PRI), están dispuestos a llevarlo “hasta sus últimas consecuencias” como a la alta burocracia le encanta decir.

 

La naviera Oceanografía, cuyos propietarios son Amado Yáñez Osuna y Amado Yáñez Correa, comenzó su despegue en el 2002. Desde entonces se le conoció como una influyente empresa que fue repetidamente favorecida en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, a través de contratos que, se sospechaba, le hacían ganar Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del ex presidente Fox, a cambio de jugosas comisiones, según denunció en su momento, el ex legislador de Convergencia, José Manuel del Río Virgen.

 

En 2006 la Auditoría Superior de la Federación alertó sobre violaciones a las leyes de Obra Pública por parte de la empresa Oceanografía, sin que se tomaran cartas en el asunto.  De 2011 a 2013, Oceanografía obtuvo unos 43 contratos de PEP por servicios en altamar, como reparación, mantenimiento y rehabilitación de pozos, transporte e instalación de plataformas, construcción de gasoductos y oleoductos, entre otros.

 

Luego de poco más de 7 años de aquel llamado de atención, la Secretaría de la Función Pública investigó los contratos firmados con PEMEX entre 2011 y 2012, aplicó una multa de 24 millones de pesos e inhabilitó a la compañía por 21 meses para trabajar con dependencias de la administración pública federal, por realizar cobros que excedían el precio pactado con la paraestatal; sin contar los préstamos que la naviera pedía al banco respaldado en esas cuentas.

 

Así, en tanto se definen en el Congreso de la Unión las leyes secundarias que marcarán el rumbo de la industria petrolera, en particular, se va desenredando la madeja de la corrupción en torno a los contratos entre la paraestatal y Oceanografía, que involucran hasta ahora al menos a 14 funcionarios de PEMEX Exploración y Producción (PEP); además de la investigación en el país vecino por parte de la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC) a Citigroup por fraude contable y presuntas prácticas corruptas en el extranjero, sin descartar el presunto lavado de dinero que investiga la Procuraduría General de la República.

 

El cariz o perfil político que se le da a las investigaciones sobre fraude por parte de Oceanografía, al responsabilizar a los gobiernos panistas, ayuda a mantener una imagen de la actual administración  a nivel internacional, como un prócer de la transparencia y la anti corrupción, y frente a los medios de comunicación nacionales y extranjeros como paladín del desarrollo de una poderosa industria energética comandada por empresas e inversionistas privados, en la que PEMEX, ya como empresa productiva del Estado, no tendrá más el monopolio de los contratos y estará libre de culpa y actos de corrupción.

 

PEMEX asegura que las presuntas actividades irregulares desplegadas por la empresa naviera “son un caso aislado, cuyas responsabilidades se deslindarán ante las instancias competentes”, pero está por verse, porque como se lleva el caso pareciera más un ajuste de cuentas con el panismo, que un asunto de legalidad y justicia ante un problema de corrupción tal vez endémica entre la paraestatal y sus contratistas.

 

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Comentarios

  1. Obi Wuan dice:

    Putas ratas mal paridas!!! que les paguen alos trabajadores!!! Azadones hijos de ####!!! Y eso que no les han caido los ambientalistas por que si no se les cae su circo

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