Desarrollo regional impulsará inclusión financiera

El desarrollo regional permite la articulación de una política transversal e integral.

El desarrollo regional permite la articulación de una política transversal e integral.

Mérida, Yucatán, septiembre 4, 2014.- La política pública debe contemplar el medio físico, las capacidades de las personas, el capital social y las aspiraciones colectivas, aspectos que “muchas veces la política pública no las toma en cuenta” declaró al respecto Edgar Olaiz, director general de Cohesión Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).


Las mejores oportunidades de la inclusión se encuentran en las redes locales y regionales que permiten conectar a quienes trabajan en las microfinanzas.


Esto sería posible a través de una gestión estratégica del territorio aprovechando ventajas comparativas, redes y corredores de cooperación y cadenas de valor, puntualiza Olaiz.


La zona rural concentra los mayores índices de pobreza con 61.6%, que representa 16.7 millones de personas que tienen un déficit de infraestructura y servicios.


Mientras que en las ciudades se registra la mayor tasa de concentración de personas pobres con 40.6%, es decir, 36.6 millones de personas que reportan bajos niveles de ingreso.


Por lo que de acuerdo a especialistas, las políticas públicas deben preocuparse por el desarrollo regional como medio para promover la inclusión financiera.


El programa Prospera, antes Oportunidades, es uno de estos instrumentos, encaminado a desarrollar capacidades enfocadas a la salud, educación y alimentación, para romper con el ciclo intergeneracional de la pobreza, refirió Paulina Rodríguez, asesora del Programa de Desarrollo Humano, Oportunidades.


 Señaló que es el programa con mayor cobertura en el país en cuanto a personas atendidas y presupuesto ejercido.


“Tienen una cobertura de 6.1 millones de familias, 25.7 millones de personas, atendemos 22.9% de la población del país”, puntualizó.


Otra herramienta es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que otorga financiamiento a proyectos productivos en comunidades con 40% de población indígena, con una inversión cercana a los mil millones de pesos.


El propósito es “llevar crédito accesible a esta población e identificar procesos productivos susceptibles de otorgamiento de crédito”, declaró César Escalona, director de área de la Coordinación General de la CDI.


Por su parte el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), instrumenta políticas públicas para fomentar la economía social y la cooperación para satisfacer las necesidades de los pobladores.


Este trabajo se realiza, de acuerdo a Rocío Arellano, coordinadora general de Finanzas Populares del INAES, a través de cooperativas de consumo, de producción, empresas de trabajadores, y ejidos como formas de organización que cumplen con los valores de economía social.


Edgar Olaiz, señaló que el diseño de una política pública social permitirá la mejora de mecanismos de inclusión y combate a la pobreza.


“El desarrollo regional permite la articulación de la política transversal e integral” Edgar Olaiz


La inclusión financiera es un tema de justicia social y de política pública, aseguran los analistas.


“Cualquier política de desarrollo social que no viene acompañada de construir las condiciones para que la gente genere el ingreso que les permita mejorar sus condiciones de vida, tiene efectos limitados”, aseguro César Escalona.


Por Vianey Pichardo


|
Suscríbase al Newsletter
Acerca de Mexican Business Web

Opina

*

 

genesis();